Los fiscales Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, acusaron y pidieron juicio para el ex intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otras 11 personas por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, que tuvo como resultado un perjuicio patrimonial de más de G 311.000.000
Además del exjefe comunal fueron acusados: 2) Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, por la comisión de los hechos punibles de Lesión de Confianza, Producción de Documentos no Auténticos, en su modalidad de uso, y, Declaración Falsa. 3) Sebastián Martínez Insfran, por Lesión de Confianza, y Producción de Documentos no Auténticos
4) Nelson Alexis Segovia Acevedo, por Lesión de Confianza, y Producción de Documentos no Auténticos; 5) Juan Esteban Quiroga Cañete, por Lesión de Confianza, y Producción de Documentos no Auténticos; 6) Marcos David Galeano Fernández, por Lesión de Confianza, y Producción de Documentos no Auténticos.
7) Mirta Elizabet Battochi Oviedo, por Lesión de Confianza, y Producción de Documentos no Auténticos; 8) Lumma Magdalena Silva Battochi, por Lesión de Confianza, y Producción de Documentos no Auténticos; 9) José Augusto Cárdenas Ugarte, por Lesión de Confianza, y Producción de Documentos no Auténticos; 10) Aníbal Adrián Pérez Martínez, por Lesión de Confianza, y Producción de Documentos no Auténticos.
11) Adriana Paola Pérez Martínez, por Lesión de Confianza, y Producción de Documentos no Auténticos; 12) Jorge Antonio Rivas Aponte, por Lesión de Confianza. La causa se origina a partir de la denuncia del 05 de junio de 2024, por parte Lourdes Magdalena Montiel Morel, Oscar Nicolás Delvalle, Gricelda Fernández Román, Sergio Alejandro Sánchez Mereles, José Víctor Hugo Vázquez y Modesto Ismael López Rodas, por la presunta comisión del hecho punible de Lesión de Confianza.
Con respecto a la denuncia, se pudo corroborar que las dos Subcomisiones, tanto de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares y de Apoyo a Voluntarios Organizados fueron integradas por personas que eran familiares cercanos entre sí e independientemente a esta situación irregular fueron reconocidos por resolución firmada por el intendente municipal Miguel Prieto en fecha 10 de junio de 2020.
Esto motivó, posteriormente, a la gestión y obtención de los aportes evaluados en la suma de G 155.000.000 y G 156.580.000 sin la existencia de una contraprestación real, pero que culminaron siendo utilizadas facturas emitidas por empresas que no habrían realizado las operaciones comerciales declaradas.
Los desembolsos de dinero se concretaron el mismo día, existiendo coincidencia temporal entre la solicitud, la autorización, la emisión de facturas y el cobro de los cheques, que revela la existencia de un esquema organizado para desviar fondos municipales causando un perjuicio patrimonial total de G 311.580.000. Todo se hizo en un solo día, el 31 de diciembre del 2020.
De esta manera, los fiscales concluyen que los elementos probatorios recolectados durante la investigación demuestran, con grado de certeza suficiente, la existencia de un esquema estructurado, sistemático y organizado.
Este entramado, conformado por funcionarios municipales y particulares, tuvo como fin principal la canalización de fondos públicos hacia entidades sin fines de lucro ficticias o instrumentalizadas.
Para lograrlo, se recurrió a la simulación de actividades sociales y a la presentación de documentación que no reflejaba la realidad operativa, asegurando así la producción de un perjuicio patrimonial efectivo.
