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JUDICIALES

Tras apelación de la Fiscalía, Justicia autoriza allanamiento por delitos ambientales

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El Ministerio Público, representado por la agente fiscal Zunilda Ocampos Marín, obtuvo un fallo favorable de la Cámara de Apelaciones de Alto Paraná, que revocó el rechazo de una orden de allanamiento dictado por el Juzgado Penal de Garantías de Hernandarias, en el marco de una causa por supuesto hecho punible contra el medio ambiente, previsto en la Ley 716/96.

El Tribunal de Apelación, Primera Sala, declaró admisible el recurso de apelación general presentado por la Fiscalía contra el auto interlocutorio N.º 170, del 17 de febrero de 2026, y resolvió revocar dicha decisión, autorizando el allanamiento en un inmueble ubicado en el distrito de Santa Fe del Paraná.

Según la resolución, el pedido fiscal se encuentra debidamente sustentado en los antecedentes de la investigación, que refieren la existencia de presuntas intervenciones de gran magnitud dentro de una zona declarada reserva natural denominada Pikyry, bajo administración de la Itaipú Binacional. Entre los hechos denunciados figuran la eliminación total de la cobertura vegetal, la remoción del suelo y la apertura de caminos internos en el área protegida.

El Tribunal consideró que la solicitud de la Fiscalía cumple con los requisitos establecidos en el artículo 187 del Código Procesal Penal y el artículo 34 de la Constitución Nacional. Asimismo, valoró que el requerimiento contenía la individualización precisa del lugar mediante coordenadas geográficas, además de la descripción del inmueble y las diligencias que se pretendían realizar.

En consecuencia, la Cámara resolvió conceder el allanamiento de forma limitada al inmueble identificado, con el objetivo de posibilitar las diligencias investigativas y la eventual recolección de evidencias vinculadas al presunto daño ambiental.

La decisión fue adoptada por mayoría de votos de los camaristas Nilda Estela Cáceres Díaz y Alba Angelina Meza Ávalos, mientras que el magistrado Raúl Insaurralde emitió voto en disidencia.  Finalmente, el Tribunal dispuso la devolución del expediente al juzgado de origen para la prosecución de las diligencias correspondientes dentro del proceso investigativo. 

JUDICIALES

Procesan a hombre que habría destechado una casa para consumar hurto agravado

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La agente fiscal Julia González Medina, de la Unidad Penal Nº 11 de Ciudad del Este, formuló imputación contra un hombre de 31 años por el supuesto hecho punible contra la propiedad (hurto agravado). El Ministerio Público inició el proceso penal tras recolectar suficientes elementos de sospecha que vinculan al sindicado con el ilícito.

La investigación refiere que el hecho ocurrió días pasados, en horas de la tarde, en el barrio 23 de Octubre de la capital del Alto Paraná. En la ocasión, el sospechoso presuntamente trepó el cercado trasero de una propiedad privada para ingresar al lugar. El hombre escaló el techo de la vivienda y rompió una chapa de eternit para acceder al interior de la casa.

Una vez dentro, el sindicado se apoderó de varios objetos de valor. Sin embargo, justo en ese momento el propietario de la casa llegó y sorprendió al presunto ladrón en flagrancia. Inmediatamente, con la ayuda de vecinos del sector, la víctima logró reducir al hombre y entregarlo a los efectivos policiales de la zona.

La Fiscalía sustenta la imputación en notas policiales, el acta de procedimiento de la Subcomisaría N° 4 y la declaración testifical del afectado. La conducta del procesado se encuadra en el artículo 162 del Código Penal, bajo la figura de autoría directa. Debido a la gravedad del hecho, la representación fiscal solicitó formalmente al Juzgado Penal de Garantías convertir en prisión preventiva la detención del encausado.

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Imputan a joven que habría desvalijado varias veces una vivienda

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El agente fiscal Alberto Torres Flores, titular de la Unidad Penal Nº 3 de Presidente Franco, imputó a un joven de 19 años que habría desvalijado varias veces una vivienda, al sustraer diversos objetos por un millonario monto. Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del sindicado, quien se encuentra a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría ingresado inicialmente a la propiedad el 14 de febrero de 2026 para sustraer diversos objetos de valor. Entre lo robado destacan cables de conexión eléctrica, accesorios de iluminación y electrodomésticos de cocina, bienes valuados preliminarmente en más de 15 millones de guaraníes.

Posteriormente, el 24 de febrero, el sospechoso habría ingresado nuevamente a la vivienda para sustraer el reloj de la ANDE instalado en el muro perimetral. El último evento ocurrió el 28 de febrero, cuando el propietario sorprendió al sospechoso en flagrancia seleccionando pertenencias en el interior del domicilio para su posterior retiro.

Tras percatarse de la presencia de la víctima, el sindicado trepó la muralla e intentó huir, pero fue reducido por el propietario y guardias de seguridad. La Fiscalía sustenta la imputación en el acta de procedimiento policial, filmaciones de cámaras de circuito cerrado y testimonios que vinculan directamente al joven.

Finalmente, la representación fiscal solicitó un plazo de cuatro meses para la etapa preparatoria, argumentando la necesidad de realizar pericias y otras diligencias. Al considerar la gravedad del hecho, la falta de arraigo y el peligro de fuga, el fiscal Torres requirió la prisión preventiva del imputado.

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Fiscalía solicita rebeldía de un sexagenario imputado por abuso sexual de sobrina menor

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La agente fiscal Vivian Andrea Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes Nº 1, imputó a un hombre de 68 años por el presunto abuso sexual de su sobrina menor de edad. Al mismo tiempo, la representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantías la declaración de rebeldía del encausado, quien enfrenta cargos por abuso sexual en niños y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

La investigación fiscal se inició tras la denuncia formal presentada por el padre de la víctima el pasado 20 de enero de 2026. Según el acta de imputación, las agresiones sexuales habrían ocurrido de manera sistemática entre 2017 y 2020, en el interior de una vivienda ubicada en el km 9 Monday de Ciudad del Este. Durante ese periodo, el hombre habría cometido actos sexuales en su sobrina, quien en ese entonces tenía entre 8 y 11 años, aprovechando el vínculo familiar.

Los hechos salieron a la luz recientemente cuando la adolescente, que actualmente tiene 16 años, confesó a su padre los abusos sufridos durante su infancia por parte de su tío. La víctima relató ante el Centro de Atención a Víctimas que el imputado la llevaba a una habitación para realizar manoseos en sus partes íntimas y otros actos indecorosos.

Asimismo, la menor detalló que algunas agresiones ocurrían dentro de un automóvil mientras el sindicado la trasladaba hasta su domicilio particular, bajo engaños hacia otros familiares. El relato indica que el hombre utilizaba amenazas constantes para asegurar el silencio de la niña y satisfacer sus impulsos, prolongando la situación de vulnerabilidad durante varios años.

La representación fiscal sustenta la imputación en elementos de sospecha, como el informe del médico forense de turno y la contención victimológica realizada por la psicóloga del Centro de Atención a Víctimas. Aunque el examen físico confirmó que no hubo coito, la entrevista psicológica reveló indicios fácticos que señalan la presunta participación del imputado en los actos sexuales denunciados. La Unidad Especializada fundamentó su requerimiento en las previsiones del Código Penal paraguayo, buscando garantizar el sometimiento del procesado a la justicia.

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