Al mediodía de este jueves, el juez Humberto Otazú admitió una nueva imputación contra el ex intendente Miguel Prieto, a raíz de supuestas obras no realizadas en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Entre los procesados también se encuentra el diputado del partido Yo Creo, Walter García.
Hoy se dio a conocer la decisión adoptada por el juez penal de garantías Humberto Otazú, en el marco de la causa penal que afrontan Miguel Prieto y otros 10 procesados por el hecho punible de lesión de confianza. En tal sentido, el magistrado resolvió hacer lugar a la imputación por parte del Ministerio Público, fijando para los días 6 y 7 de abril la audiencia de imposición de medidas de los acusados.
El diputado por Alto Paraná Walter García (Yo Creo), quien deberá ser desaforado para poder afrontar el proceso penal. Según la denuncia, el ex intendente de Ciudad del Este y los demás implicados habrían sido responsables de un perjuicio patrimonial de G. 757 millones a las arcas de la municipalidad, por obras no realizadas en el Hospital Regional de Ciudad del Este a través del Consejo Local de Salud.
Conforme a los datos recabados por la Fiscalía, Prieto habría ordenado diez transferencias a favor del Consejo Local de Salud del hospital, el cual tenía como presidente a Walter García y como integrantes a los actuales concejales Sebastián Martínez y Valeria Romero. El juez Otazú deberá realizar la comunicación formal a la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero del legislador prietista.
Además de Prieto, García, Martínez y Valeria Romero, quien es pareja sentimental del destituido intendente, figuran entre los imputados los integrantes del Consejo Local de Salud, su vicepresidente y ex concejal Hugo Benítez Vázquez, el ex tesorero Salem Esgaib Zugaib y la secretaria Lucía Elizabeth Lisboa de Torales.
Igualmente, están imputados Sonia Barrios Ramírez, Karen González Vergara, Fredy Guzmán Martínez y Cinthia Noelia Alen Guerrero. En el caso del diputado, el juez dispuso la comunicación a la Cámara Baja para que se estudie el desafuero, como señala la Constitución, de modo que sea sometido a proceso penal.
