Tras cinco meses de debate público, este viernes 13 de marzo de 2026 está prevista la conclusión del juicio oral y público contra dos falsas religiosas acusadas por trata de personas, cuya víctima fue una adolescente de 16 años. La audiencia se realizará a partir de las 08:30 en la sede del Juzgado de Crimen Organizado, ubicado en el quinto piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia de la capital.

Durante esta jornada final, el Ministerio Público, representado por la agente fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes en Alto Paraná, expondrá sus alegatos finales y solicitará la sanción penal que considere ajustada a derecho. 

Según los antecedentes del caso, las acusadas presuntamente captaron a la adolescente bajo engaño, con el pretexto de una supuesta formación religiosa. Una de las mujeres retiró a la menor de su hogar en el kilómetro 13 Acaray de Minga Guazú y la trasladó inicialmente a un establecimiento en el kilómetro 14 del mismo distrito. Allí, la víctima supuestamente fue sometida a trabajos de servidumbre y maltratos, además de ser obligada a vender pan y pedir limosnas, antes de ser llevada a su destino final en Luque, bajo la custodia de la otra acusada.

En ese lugar, la menor sufrió un presumiblemente régimen de servidumbre, trabajos forzados y castigos físicos denigrantes. Los informes relatan agresiones sistemáticas y la obligación de realizar tareas domésticas extenuantes hasta altas horas de la madrugada. Las sindicadas mantuvieron a la víctima incomunicada y le prohibieron retornar con su familia, recurriendo a amenazas constantes para asegurar su control.

El Ministerio Público detectó que las acusadas incluso coaccionaron a la víctima para mentir a sus familiares sobre su situación personal y justificar su permanencia con las supuestas religiosas. Los informes médicos y psicológicos confirman el daño sistemático infligido durante el tiempo que permaneció con las encausadas. Tras la denuncia, la Unidad Especializada activó los protocolos de protección integral para resguardar a la adolescente.

La representación pública logró la detención de las involucradas, quienes hoy enfrentan la etapa final del juzgamiento, donde se determinará su responsabilidad y las sanciones correspondientes conforme a la ley.