El agente fiscal Gabriel Segovia Villasanti, de la Unidad Penal N.º 6 de Ciudad del Este, presentó acusación contra un hombre de 44 años y una mujer de 24, ambos de nacionalidad paraguaya, por la presunta comisión del hecho punible de apropiación. Asimismo, solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.
Según los antecedentes, los sindicados habrían participado en un esquema para despojar de mercaderías electrónicas a un ciudadano brasileño durante el mes de julio de 2024. Previamente, la víctima realizó la compra de aparatos celulares de diversos modelos en cuatro locales comerciales del microcentro de Ciudad del Este.
Posteriormente, para el traslado de los productos al Brasil, el extranjero contrató a la mujer, quien se dedicaba a ese tipo de gestiones y a quien conocía desde hacía un tiempo. En ese contexto, la misma gestionó el retiro de los productos mediante autorizaciones remitidas por vía telefónica.
Luego, la encausada habría entregado los equipos al hombre, a fin de que este los transportara en su vehículo particular hasta la ciudad de Foz de Iguazú. Sin embargo, en fecha 24 de julio de 2024, la acusada comunicó falsamente a la víctima que la carga había sido incautada por funcionarios de la aduana brasileña durante el trayecto.
Incluso, ambos acusados habrían remitido una fotografía de un acta de incautación a nombre de un tercero, con el objetivo de respaldar su versión y justificar la supuesta pérdida, para finalmente apropiarse de los productos. De esta manera, los procesados habrían ocasionado un perjuicio económico total de 4.284,25 dólares americanos a la víctima, monto que ya había sido abonado previamente mediante transferencias electrónicas.
No obstante, tras la denuncia y mediante consultas al Comando Tripartito, se confirmó que las autoridades del vecino país no realizaron procedimientos de incautación de celulares en la fecha señalada. A raíz de ello, el fiscal Segovia Villasanti imputó en su momento a los dos sospechosos y posteriormente formuló la presente acusación.
Entre los elementos probatorios reunidos por el Ministerio Público se encuentran informes policiales, testimonios de intervinientes, facturas comerciales de los locales donde se realizaron las compras y grabaciones de circuitos cerrados de vigilancia. En ese sentido, la Fiscalía solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías N.º 4.
