El Ministerio Público, representado por el agente fiscal Gabriel Segovia Villasanti, formuló imputación contra cuatro personas —dos hombres, una mujer y un adolescente de 17 años— por los supuestos hechos punibles de exposición al peligro en el tránsito terrestre y resistencia, tras un incidente que derivó en el atropello de la sede de la Comisaría 22.ª de Ciudad del Este y agresiones contra agentes policiales.
El hecho se registró el 5 de abril de 2026, alrededor de las 23:20 horas, luego de que uno de los sindicados irrumpiera en una vivienda del barrio Don Bosco con un arma blanca en mano, amenazando al propietario. El afectado alertó a la Policía Nacional, y al llegar los agentes al lugar, el presunto agresor intentó huir a bordo de una motocicleta, impactando frontalmente contra una patrulla policial, por lo que fue aprehendido en el sitio.
El conductor fue sometido a la prueba de alcotest, que arrojó resultado positivo de 0,780 mg/l, confirmando su estado de ebriedad. Minutos después, las otras tres personas se presentaron en la sede de la Comisaría 22.ª, donde habrían exigido de manera violenta la liberación del detenido. Según el informe oficial, los mismos habrían agredido verbal y físicamente a los efectivos policiales de guardia, con el fin de obstaculizar el procedimiento, lo que motivó la intervención del Ministerio Público.
Ante la actitud violenta y el forcejeo para impedir la labor policial, el fiscal interviniente dispuso la detención de los acompañantes por el supuesto hecho punible de resistencia. En el marco del procedimiento, todos los implicados fueron sometidos a la prueba de alcotest, la cual arrojó resultado positivo de 0,780 mg/l para el acompañante masculino y 0,194 mg/l para la mujer, mientras que el menor dio negativo.
Posteriormente, los sindicados fueron trasladados a la Dirección de Policía de Alto Paraná por disposición fiscal. La motocicleta utilizada durante el hecho fue incautada como parte de las diligencias iniciales. Como elementos de convicción, el fiscal Segovia Villasanti consideró el acta de procedimiento policial N.º 230, los tickets de alcotest y el informe de la Comisaría interviniente.
El Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías un plazo de cuatro meses para la investigación y la presentación del requerimiento conclusivo. Asimismo, requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.
