La agente fiscal Vivian Andrea Coronel, titular de la Unidad Especializada en hechos punibles contra niños y adolescentes N° 1 de Alto Paraná, logró una condena de 23 años de pena privativa de libertad contra un hombre hallado culpable por abuso sexual en perjuicio de sus sobrinas menores de edad.
El juicio oral concluyó este jueves 23 de abril en el Poder Judicial de Ciudad del Este. Durante el debate, la representación del Ministerio Público demostró, mediante pruebas documentales, testimoniales y periciales, la comisión reiterada de hechos de abuso sexual, coacción sexual y violación contra las dos víctimas. En consecuencia, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Gloria Vera, Diego Duarte y Margarita Martínez, dictó el fallo condenatorio.
Según los antecedentes, los hechos ocurrieron en el interior de una vivienda ubicada en el kilómetro 9 Monday de Ciudad del Este, entre los años 2018 y 2025. El condenado habría aprovechado el vínculo de parentesco y la convivencia cercana para someter a las víctimas mediante violencia, cuando estas tenían 8 y 12 años de edad.
La investigación fiscal se inició a partir de la denuncia presentada el 22 de febrero de 2025 por los padres de las víctimas, cuando estas tenían 13 y 15 años de edad. Durante la etapa preparatoria, el Ministerio Público reunió elementos probatorios como informes médicos forenses que confirmaron lesiones físicas, además de evaluaciones psicológicas que evidenciaron indicadores de daño emocional, ansiedad y depresión vinculados a los hechos denunciados.
En el marco del proceso judicial se incorporaron pruebas producidas mediante Cámara Gesell, en el contexto del anticipo jurisdiccional de pruebas. Asimismo, profesionales del Centro de Atención a Víctimas ratificaron la coherencia de los relatos brindados por las menores, pese a intentos de retractación atribuidos a presiones del entorno.
El Tribunal de Sentencia valoró la totalidad de los elementos probatorios presentados por la fiscal Coronel y concluyó la alta reprochabilidad de la conducta atribuida al acusado, imponiendo la pena de 23 años de prisión.
