El agente fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Unidad Penal N.º 10 de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, formuló imputación contra dos jóvenes, de 21 y 24 años, por la presunta comisión de los hechos punibles de exposición al peligro en el tránsito terrestre y resistencia, previstos en los artículos 217 y 296 del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inciso 1, del mismo cuerpo legal.
La aprehensión de los sindicados se produjo en la vía pública del kilómetro 30 de la ruta PY02, inmediaciones de la rotonda, el 26 de abril de 2026, tras una intervención de agentes policiales de la Subcomisaría N.º 52. Según el reporte, los involucrados fueron observados realizando maniobras peligrosas con dos motocicletas, presuntamente en el marco de una carrera clandestina.
En el momento, los efectivos policiales procedieron a la verificación de los conductores y al requerimiento de documentos personales y de los biciclos, oportunidad en la que los mismos habrían opuesto resistencia, negándose a identificarse y generando un forcejeo con los intervinientes, actuando con violencia.
En el procedimiento se constató que uno de los conductores circulaba en una motocicleta marca Taiga, modelo T1 125, con matrícula N.º 242 CDN PY, mientras que el otro lo hacía en una motocicleta marca Kenton, modelo GL 200, con matrícula N.º 241 BHZ. Ambos fueron reducidos y trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se verificó que no contaban con documentos de los rodados ni con licencia de conducir.
Seguidamente, por disposición fiscal, los conductores fueron trasladados hasta el puesto de la Patrulla Caminera, donde se les practicó la prueba de alcotest, arrojando resultados positivos. Uno de ellos registró 1.004 mg/l de alcohol en sangre, mientras que el otro arrojó 0.658 mg/l, conforme a los tickets emitidos en el procedimiento.
Basándose en elementos, el Ministerio Público concluyó que la conducta de los imputados se encuadra preliminarmente en los tipos penales de exposición al peligro en el tránsito terrestre y resistencia, por lo que dispuso la apertura del proceso penal y solicitó un plazo de tres meses para la investigación. Asimismo, el fiscal Zaracho requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, bajo determinadas reglas de conducta.
