El agente fiscal Alberto Torres Flores, de la Unidad Penal N.º 3 de la Fiscalía Zonal de Presidente Franco, formuló imputación contra un abogado de 47 años por la supuesta comisión del hecho punible de tentativa de homicidio doloso. El sindicado se encuentra detenido en una dependencia policial con requerimiento de prisión preventiva.
De acuerdo con la investigación, el hecho se habría registrado el 30 de abril de 2026, alrededor de las 18:00 horas, en la vía pública, en inmediaciones del mercadito del barrio San Sebastián de Franco. En esa ocasión, desde un inmueble, el sindicado habría utilizado un arma de fuego, tipo rifle, y efectuado disparos contra la humanidad de un joven de 21 años, quien resultó herido en la zona del tórax.
Seguidamente, el baleado fue trasladado hasta el Hospital Distrital de Franco, donde permanece internado hasta el momento. Familiares del joven manifestaron a los intervinientes que el mismo ya habría sido víctima de hechos similares en ocasiones anteriores.
Asimismo, señalaron que el afectado presentaría problemas de adicción y conductas que habrían generado conflictos en el vecindario. Estas referencias fueron incorporadas como parte de los antecedentes recabados durante las primeras diligencias investigativas del Ministerio Público.
Entre los elementos de sospecha se encuentran la nota policial emitida por la Subcomisaría N.º 11 de Presidente Franco, así como las actas de procedimiento policial y fiscal de fechas 30 de abril y 1 de mayo de 2026. Igualmente, obran en la carpeta fiscal declaraciones de la víctima y de sus familiares, las cuales refuerzan los indicios recabados en el marco de la pesquisa.
En base a los elementos colectados, el Ministerio Público calificó provisoriamente la conducta del imputado como tentativa de homicidio doloso, prevista en el Artículo 105, inciso 1, del Código Penal, en concordancia con los artículos 26, 27 y 29 del mismo cuerpo legal.
Finalmente, el fiscal Torres solicitó al Juzgado Penal de Garantías la notificación del acta de imputación, la fijación de un plazo de cuatro meses para la etapa preparatoria y la realización de la audiencia de ser oído. Asimismo, requirió la aplicación de la prisión preventiva, al considerar la existencia de peligro de fuga y de obstrucción, atendiendo la gravedad del hecho investigado y los elementos reunidos en la causa.
