El Ministerio Público, representado por la agente fiscal antisecuestro Zunilda Ocampos Marín, obtuvo una condena de 25 años de pena privativa de libertad para Bacilicio Salinas (51), alias “Chili”, tras ser hallado culpable de los hechos punibles de homicidio doloso, secuestro, privación de libertad, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal, cometidos en el año 2020 en la ciudad de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.
Durante el juicio oral, que inició el 21 de abril y concluyó este martes 5 de mayo en el Poder Judicial de Encarnación, la representación fiscal de Alto Paraná —designada para investigar el caso— produjo un cúmulo de pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado. Dichos elementos fueron valorados por el Tribunal de Sentencia, conformado por las magistradas Diana Arana de Uzuca, Nilda Caballero y Raquel García, que finalmente dictó el fallo condenatorio.
De acuerdo con los antecedentes, Salinas integraba una estructura criminal junto a Fernando Araujo, alias “Tractor” (acusado), Miguel Ángel Chamorro, alias “Rapai” (pendiente de requerimiento), y otras personas aún no identificadas, con el objetivo de obtener dinero mediante secuestros y extorsiones. Para ello, seleccionaron como víctimas a Rigoberto Bareiro Vargas y Diego Daniel Ozorio, a quienes conocían previamente y sobre quienes manejaban información detallada de sus actividades y rutinas.
El plan se ejecutó entre el 10 y el 11 de octubre de 2020, cuando, tras coordinar tareas y establecer comunicaciones constantes, los acusados citaron a Bareiro bajo el pretexto de concretar un negocio. La víctima acudió al encuentro acompañado de Ozorio y ambos fueron conducidos hasta una zona rural de difícil acceso en Paso Naranjo, distrito de Fram, donde fueron capturados por los criminales. Posteriormente, los autores utilizaron el teléfono de una de las víctimas para exigir inicialmente 50.000 dólares a sus familiares, monto que luego fue reducido durante las negociaciones.
Según la acusación fiscal, las víctimas eran mantenidas en cautiverio mientras continuaban las exigencias económicas. El 12 de octubre, los responsables incineraron el vehículo en el que se desplazaban los afectados, en un intento de eliminar evidencias. Ese mismo día se formalizó la denuncia, lo que activó un operativo del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional y del Ministerio Público, que incluyó análisis de comunicaciones telefónicas y rastreo de ubicaciones.
Las pesquisas permitieron la detención de uno de los implicados, quien finalmente proporcionó información relevante sobre el paradero de las víctimas, que para ese momento ya habían sido asesinadas. En una zona rural de Morotingue, en San Pedro del Paraná, los intervinientes hallaron una fosa común donde se encontraban enterrados los cuerpos. Las autopsias confirmaron que ambos fallecieron a consecuencia de disparos de arma de fuego y presentaban además otras lesiones, determinándose como causa de muerte un shock hipovolémico.
El Ministerio Público sostuvo que la conducta de Salinas fue típica, antijurídica y reprochable, al haber participado activamente en todas las etapas, desde la planificación hasta la ejecución y el posterior ocultamiento del crimen. La acusación se sustentó en informes técnicos, pericias, registros de llamadas, declaraciones testificales y múltiples evidencias recolectadas durante la investigación, que permitieron reconstruir de manera precisa el desarrollo de los hechos punibles investigados y que finalmente derivaron en la condena de Bacilicio Salinas.
