El agente fiscal Luis Fernando Escobar, de la Unidad Penal N° 7 de Ciudad del Este, presentó acusación contra cuatro presuntos integrantes de una organización criminal y solicitó la apertura de juicio oral y público. Los acusados, cuyas edades oscilan entre 22 y 33 años, enfrentan cargos por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal, transgresión a la Ley de Armas (detentación ilegal) y producción de documentos no auténticos. El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías N.º 7 de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.
Según los antecedentes, los hechos habrían ocurrido en fecha 11 de diciembre de 2025, alrededor de las 04:00 horas, ocasión en la que el Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron tres allanamientos simultáneos en viviendas contiguas ubicadas en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.
Los operativos se realizaron a solicitud del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación del Comando Tripartito de la Policía Nacional, en el marco de una investigación sustentada en informes de inteligencia sobre la presunta existencia de una estructura criminal organizada que operaría en dicho sector.
En aquella ocasión, en una vivienda de dos plantas fueron localizadas varias personas, entre ellas los hoy acusados, además de un arma de fuego, tipo escopeta calibre 12 recortada, y un equipo de comunicación, tipo walkie talkie, en funcionamiento. En el lugar también se encontraba un menor de edad que manipulaba el referido dispositivo, presuntamente cumpliendo tarea de vigilancia.
Asimismo, en una vivienda colindante fueron ubicadas otras personas que habrían intentado ocultarse ante la presencia fiscal-policial, procediéndose a la aprehensión de varias de ellas. En el sitio fueron incautadas además evidencias, consistentes en indumentarias de tipo militar camuflado, chalecos tácticos, pasamontañas, guantes, máscaras, accesorios de armas de fuego y una chapa de motocicleta denunciada como robada.
Así como teléfonos celulares, documentos varios y otros elementos vinculados a la investigación. Igualmente, se atribuye al cabecilla del grupo la utilización de una cédula de identidad presuntamente apócrifa con la intención de inducir al error. Mientras, en otra de las viviendas inspeccionadas no se hallaron evidencias ni personas vinculadas a la causa.
Finalmente, el Ministerio Público sostuvo la acusación en base a actas de procedimiento fiscal y policial, informes de inteligencia, evidencias incautadas durante el allanamiento, registros audiovisuales, informes periciales de extracción de datos de dispositivos móviles y documentos obrantes en la carpeta fiscal. Además de antecedentes judiciales, declaraciones testificales y otros elementos colectados durante la investigación, los cuales serán producidos en juicio oral y público.
