El agente fiscal Alberto Torres Flores, de la Unidad Penal N° 3 de Presidente Franco, formuló acusación y solicitó la apertura a juicio oral contra una mujer de 28 años de edad, por la presunta comisión de los hechos punibles de extorsión, extorsión agravada y coacción, en calidad de autora. La causa fue presentada ante el Juzgado Penal de Garantías de la zona, a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde.
De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos habrían ocurrido de manera continuada entre los años 2019 y 2025, en distintos puntos de ciudad Presidente Franco, teniendo como víctima a un hombre de 71 años de edad. El relato fiscal refiere que, a inicios del año 2019, el afectado habría iniciado una relación sentimental con la ahora acusada.
Posteriormente, la mujer le habría informado de un supuesto embarazo, atribuyendo la paternidad al denunciante, y a partir de ello habría exigido la entrega de sumas de dinero destinadas a gastos prenatales, parto y otros conceptos vinculados al nacimiento de una niña.
Asimismo, una vez producido el nacimiento de la menor, la acusada habría continuado con exigencias económicas bajo el concepto de asistencia alimenticia, incluyendo gastos de transporte, escolaridad y otros rubros, montos que habrían sido entregados directamente por la víctima ante el temor de eventuales denuncias o acciones judiciales.
A finales del año 2024, la víctima habría tomado conocimiento de que la niña no sería su hija biológica, por la cual decidió cesar con los pagos mensuales. A raíz de esta situación, la mujer amenazó con denunciarlo falsamente ante la Fiscalía por un supuesto abuso sexual de la niña y le exigió la suma de 15.000.000 de guaraníes para no radicar la acción penal.
A finales del año 2024, la víctima habría tomado conocimiento de que la niña no sería su hija biológica, por lo cual decidió cesar los pagos mensuales. A raíz de esta situación, la mujer habría amenazado con denunciarlo falsamente ante la Fiscalía por un supuesto abuso de la niña y le habría exigido la suma de 15.000.000 de guaraníes para no formalizar la acción penal.
Dicho monto habría sido entregado en fecha 11 de febrero de 2025, oportunidad en la que las partes suscribieron un acta de desistimiento de acciones ante una escribanía. Sin embargo, conforme a la hipótesis fiscal, la conducta habría continuado con posteriores amenazas y exigencias de dinero en fechas sucesivas, aprovechando la situación de vulnerabilidad de la víctima.
En fecha 4 de diciembre de 2025, la acusada habría acudido hasta el lugar de trabajo del afectado, donde lo habría intimidado nuevamente con la misma amenaza, hecho que habría sido registrado mediante filmaciones incorporadas a la causa.
Finalmente, el Ministerio Público sostuvo la acusación mediante diversos elementos de convicción colectados durante la investigación, entre ellos informes policiales de la Comisaría 6ª, registros de audios y capturas de mensajes con amenazas, recibos de dinero suscritos por la acusada y el acta de acuerdo de desistimiento ante escribanía.
Asimismo, la Fiscalía incorporó material audiovisual, informes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, actas de procedimiento e informes de extracción de datos de dispositivos móviles autorizados judicialmente. Además de declaraciones testificales, evidencias documentales y materiales, que serán producidas en el juicio oral y público.
