La ampliación de la denuncia por esta millonaria tragada en la era Miguel Prieto en la Municipalidad de Ciudad del Este se hizo en forma fortuita, ya que fue con la declaración testificar del abogado Víctor Enriquéz, en su carácter de presidente de la Contraloría Ciudadana.

Cabe recordar que esta denuncia ya data del 2025, y es por el astronómico precio de 2.600 millones de guaraníes que Prieto pagó con dinero municipal, por una simulación de Mensura Judicial en la Finca 66. Este es uno de los escandalosos negociados del destituido ex intendente, quien luego fue destituido por corrupto.

La denuncia con documentos contundentes fue cajoneada en el Ministerio Público por mucho, y tras la declaración del abogado Enriquéz, se incluye a la abogada Nidia de Prieto, a quien el crrupto destituido la llama “tía”, y actualmente dirigente de un gremio de abogados.

Las investigaciones judiciales apuntan a un esquema de sobrefacturación montado dentro de los procesos de licitación de la comuna de Ciudad del Este. Este desvío de fondos comunales analiza la contratación de firmas externas para tareas técnicas que correspondían a funcionarios municipales.

La denuncia penal involucra directamente a la abogada Nidia de Prieto, quien se desempeñaba como directora jurídica de la institución. Los denunciantes sostienen que la asesoría legal municipal aprobó los dictámenes para la adjudicación de la firma privada denominada Geocad.

Las pruebas documentales arrastradas desde el portal de Contrataciones Públicas revelan una serie de desembolsos económicos idénticos carentes de sustento comercial real. En este caso en particular, llama la atención que todos los ítems de la “inversión”, tienen el mismo costo, que es 267.300.000 (doscientos sesenta y siete millones trescientos mil) guaraníes.

O sea, por “estudio de antecedentes de título” se pagó G. 267.300.000; por “relevamiento y amojonamiento de inmueble” más G. 267.300.000; por “publicación de mensura judicial” otros G. 267.300.000; por “constitución de un juez para el inicio de la mensura”, otros G. 267.300.000; y por “acompañamiento del MOPC y Servicio Nacional de Catastro”, más G. 267.300.000.

Explicando más claramente, el juez que se constituyó en el lugar cobró esa suma millonaria de dinero, y los técnicos de las dos entidades del Estado como el MOPC y Catastro, cobraron también esa catastrófica suma de dinero público municipal, y es esta parte la mas complicada para los investigados.

Visiblemente, el esquema técnico-financiero incluyó la simulación de cinco rubros contractuales diferenciados que presentaban exactamente el mismo valor monetario. Una de las constancias más contundentes para probar la corrupción de Prieto, es la que demuestra que la publicación de edictos legales costó originalmente 585.000 guaraníes, y no 267.300.000 de guaraníes como lo dice Prieto.

En el momento de la realización de esta mensura judicial, la municipalidad de Ciudad del Este disponía de 44 asesores jurídicos asalariados que podían dictaminar de forma directa sobre la demanda. La dirección de área contaba además con cuatro topógrafos experimentados capaces de realizar el amojonamiento de los inmuebles de la finca 66. Los trabajos técnicos y periciales debieron ejecutarse de forma gratuita utilizando los recursos humanos propios de la institución comunal.

La diferencia económica entre el costo real estimado de 5.000.000 de guaraníes y el monto adjudicado resulta técnicamente inexplicable. Los órganos fiscalizadores estatales encendieron las alarmas ante la uniformidad sospechosa detectada en las planillas de los servicios de consultoría. Los asesores jurídicos independientes requirieron la imputación de los encargados de firmar el contrato administrativo de la mensura judicial.