El agente fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos N.º 1 de Alto Paraná, formuló imputación contra un hombre y una mujer por la presunta comisión del hecho punible de estafa mediante sistemas informáticos, en calidad de cómplices. Ambos son familiares de la principal imputada en la causa, quien fue procesada en febrero pasado por su presunta participación en una maniobra que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a los G. 300 millones a dos firmas comerciales.
De acuerdo con la investigación, los encausados —hermano y cuñada de la principal investigada en la causa— habrían participado de manera coordinada y funcional dentro del esquema defraudatorio. Según la descripción fiscal, ambos habrían prestado colaboración para la realización de transacciones fraudulentas por un monto aproximado de G. 318.491.096, correspondientes a operaciones efectuadas en moneda nacional, entre enero de 2025 y enero de 2026.
La Fiscalía sostiene que la mujer habría recibido una primera transferencia el 24 de diciembre de 2024, por la suma de G. 94.827.784, proveniente de fondos pertenecientes a Fashion House S.A. Asimismo, el hombre habría recibido una primera transferencia el 20 de marzo de 2025, por un monto de G. 223.663.312, también proveniente de fondos de la misma empresa, conforme a informes bancarios y al avance de una nota policial del Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros.
Conforme a los elementos colectados, se presume que la presunta responsable del hecho realizó transferencias desde cuentas vinculadas a Fashion House S.A. y Casa Design S.A. hacia cuentas bancarias de su hermano y cuñada, consignando conceptos aparentes de operaciones comerciales.
Posteriormente, los importes recibidos eran reenviados total o parcialmente hacia las cuentas bancarias personales de la mujer imputada inicialmente en la causa, utilizando igualmente conceptos comerciales sin respaldo documental que justificara la legitimidad de dichas operaciones, configurando un circuito de movimientos financieros bajo sospecha.
Para respaldar la imputación, el Ministerio Público incorporó una nota policial y los informes bancarios emitidos por Ueno Bank y Banco Continental correspondientes a las operaciones investigadas. La Fiscalía solicitó la declaración de rebeldía y la orden de captura de los imputados, además de la aplicación de medidas cautelares una vez que sean puestos a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
