El agente fiscal Fidel Godoy Florentín, titular de la Unidad Penal Nº 1 de Minga Porã, formuló imputación contra el propietario de la firma Agrícola y Ganadera San Marcos S.R.L. y contra un directivo de la Cooperativa de Producción Agroindustrial Santa María Ltda., por la presunta comisión de los hechos punibles de hurto agravado, invasión de inmueble ajeno y coacción grave. La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por un productor agrícola por la supuesta cosecha y retiro de cultivos de soja de inmuebles de su propiedad.

La causa tuvo origen en la denuncia presentada el 19 de marzo de 2026, en la que el afectado manifestó que el 27 de febrero del mismo año personas que no contaban con autorización habrían ingresado a inmuebles rurales de su propiedad, ubicados en las colonias San Roque y Tamburi, distrito de Minga Porã. Según la denuncia, los involucrados habrían utilizado maquinarias agrícolas, camiones y otros vehículos de gran porte para cosechar la producción de soja existente en dichos terrenos y posteriormente trasladarla a destino desconocido.

De acuerdo con la imputación fiscal, el propietario de la firma Agrícola y Ganadera San Marcos S.R.L. habría organizado y dirigido el operativo en el que participaron empleados de la empresa y otras personas, quienes ingresaron a los inmuebles con tractores, cosechadoras, camiones y demás maquinarias agrícolas para realizar la cosecha.  La Fiscalía sostiene que, tras la recolección, aproximadamente 452.000 kilogramos de soja habrían sido cargados y retirados del lugar, ocasionando un perjuicio patrimonial estimado en unos 150.000 dólares americanos.

El Ministerio Público señala además que el otro imputado, directivo de la Cooperativa de Producción Agroindustrial Santa María Ltda., presuntamente habría participado en las tareas posteriores de preparación de las parcelas y siembra de nuevos cultivos. Según la hipótesis fiscal, estas labores se habrían desarrollado de manera coordinada con la cosecha, utilizando tractores, fumigadoras y sembradoras para acondicionar los terrenos e iniciar nuevos cultivos en las mismas áreas.

Conforme al relato fiscal, cuando el propietario tomó conocimiento de la situación y acudió al lugar para impedir la continuidad de los trabajos, habría encontrado un grupo numeroso de personas, algunas de ellas presuntamente armadas y ubicadas en vehículos, que brindaban resguardo al atropello. La Fiscalía sostiene que, ante ese despliegue y la presunta intimidación ejercida, el afectado se habría visto obligado a permitir la continuidad de la cosecha, la carga y el retiro de los granos.

Asimismo, la representación fiscal refiere que los abogados del denunciante, quienes llegaron al lugar para constatar y documentar lo ocurrido, habrían sido interceptados por una camioneta Chevrolet Silverado perteneciente a la firma Agrícola y Ganadera San Marcos S.R.L. Seguidamente, una persona que descendió del vehículo, con vestimenta similar al uso militar y portando un arma de fuego, habría exigido la identificación de los profesionales e impedido que avanzaran hacia la zona donde se realizaban los trabajos agrícolas.

La imputación se sustenta en la denuncia presentada por el afectado, documentos sobre la titularidad de los inmuebles, registros fotográficos y audiovisuales, actas fiscales, informes policiales y declaraciones testimoniales. La Fiscalía considera que existen indicios suficientes sobre la participación de los imputados y solicitó cuatro meses para continuar la investigación.

Asimismo, requirió al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas cautelares personales, con suspensión de la prisión preventiva bajo ciertas reglas de conducta como la prohibición de salir del país, comparecencias periódicas ante el Juzgado de Garantías y restricciones de contacto con testigos, empleados, operadores de maquinarias y demás personas vinculadas a la investigación, a fin de evitar riesgos de fuga u obstrucción.