El Juez Anticorrupción de la capital del país, Humberto Otazú, emitió en la mañana de este martes su Auto Interlocutorio a través del cual dispone la elevación a juicio oral y público, de la causa contra Miguel Prieto Vallejos y sus cómplices por el robo de G. 306 millones con la compra simulada de alimentos en plena pandemia en 2020, en la causa conocida como “Caso Tajy”.
Cabe recordar que ayer lunes, se realizó la audiencia preliminar en la causa, donde el fiscal Silvio Corbeta ratificó la acusación por presunta lesión de confianza, administración de provecho propio y asociación criminal contra el destituido ex intendente de Ciudad del Este.
De acuerdo a los términos de la acusación, Prieto y varios ex funcionarios y allegados montaron un sistema para compra simulada de alimentos con el objetivo de provecho propio, según la imputación. La empresa Tajy Servicios Generales fue la proveedora de los alimentos, según los fiscales. Se trata de una empresa que en realidad se dedicaba a la construcción y la excavación de pozos artesianos, y nunca antes proveyó alimentos.
Corbeta indicó que el perjuicio patrimonial sería de 306.188.500 en compra de víveres durante la última pandemia, y Miguel Prieto “tenía la calidad de ordenador de gastos y entre el mes de marzo y junio de 2020, convocó, promovió y pagó por una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para producción de panificados para familias de escasos recursos. Así se produjo este perjuicio”, indicó.
“Miguel Prieto, desde la Intendencia Municipal, encabezó un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión de hechos de corrupción”, señaló el fiscal Corbeta. También fueron imputados en esta causa, Francisco Arrúa Álvarez, ex director de Administración y Finanzas de la Municipalidad, Buena Ventura Morínigo (ya falleció), propietario de Tajy Servicios Generales (firma contratada); Emili Vanessa Florentín Páez y Robert Osmar Florentín Silvero, ambos accionistas de la empresa Vaneni SA, que figura como subcontratada para la provisión de alimentos.
También fueron acusados el hoy concejal Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social; y Alex Yamal Samhat González, jefe de la planta procesadora de alimentos de la Comuna. Además, Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros;
Nelson Segovia Acevedo, tesorero de la Municipalidad, Maggi Farinha Almada, excoordinadora de UOC (Unidad Operativa de Contrataciones) y Cirle Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago reconocieron los hechos para ser apartados de la causa.
