El agente fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Unidad Penal N° 10 de Ciudad del Este, formuló acusación contra un funcionario de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y un agente del Área Naval del Comando de la Armada por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas y privación de libertad. Asimismo, la representación fiscal solicitó la apertura de juicio oral y público.
De acuerdo con los antecedentes del caso, los hechos habrían ocurrido el 14 de octubre de 2025, alrededor de las 16:20, en la zona primaria de la Aduana, ubicada en la cabecera del Puente de la Amistad, durante un control efectuado en el ingreso al país. En ese momento, un hombre mayor de edad y su hijo, de 14 años, circulaban a bordo de un automóvil Toyota Sienta, año 2007, de color blanco, cuando fueron retenidos por los intervinientes para una verificación.
Durante la verificación se produjo un forcejeo, momento en que uno de los funcionarios habría utilizado la fuerza para sacar al conductor del habitáculo. El adolescente intentó defender a su padre y, según el relato fiscal, fue sujetado del cuello, golpeado en la cabeza, a la altura del oído, y tomado del cabello.
La acusación también sostiene que el funcionario de la DNIT ingresó al vehículo por el lado del acompañante y habría actuado con violencia para sacar al conductor del rodado. El procedimiento quedó registrado en una filmación, cuyas imágenes posteriormente fueron difundidas a través de las redes sociales y los medios de comunicación.
Posteriormente, tras el procedimiento, el conductor fue aprehendido y trasladado hasta la sede del Área Naval, donde permaneció privado de su libertad hasta aproximadamente las 21:00, luego de que las imágenes del procedimiento fueran difundidas. Entre los elementos ofrecidos para el juicio figuran declaraciones testimoniales, informes de instituciones públicas, una evaluación psicológica del adolescente, antecedentes policiales y un dictamen pericial informático sobre dispositivos de almacenamiento.
Como evidencia material, la Fiscalía ofreció grabaciones del procedimiento contenidas en discos y un dispositivo de almacenamiento proporcionado por la Dirección General de Aduanas, además de filmaciones remitidas por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. La conducta atribuida al funcionario de la DNIT fue calificada como lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas, mientras que al agente del Área Naval se le atribuyen este hecho punible y el de privación de libertad, en calidad de autor.
A partir de los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó la admisión de las pruebas y la apertura de juicio oral y público. El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías N° 2, a cargo del magistrado Amílcar Antonio Marecos.
