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REGIONALES

Condenan entre 11 y 32 años de cárcel a cuatro miembros de una banda criminal

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El Ministerio Público, representado por los agentes fiscales Gabriel Segovia Villasanti y Zunilda Ocampos Marín, obtuvo altas condenas para cuatro miembros de una organización criminal que, a fines de 2024, asaltaron con extrema violencia la residencia del empresario Wolnei Aloisio Troes Canal y su familia, en Ciudad del Este.

El cabecilla de la banda, Ubaldo Báez Ramírez, fue condenado a 22 años y 6 meses de pena privativa de libertad, más 10 años de medida de seguridad. Marcelo Vicente Venialgo y Edgar Sosa Gadea recibieron 20 años de pena carcelaria, más 5 años de medida de seguridad cada uno, mientras que Shirley Antonia Ramírez fue sentenciada a 11 años. Todos fueron hallados culpables de robo agravado, asociación criminal y otros.

El juicio oral comenzó el 15 de junio de 2026 en el Poder Judicial de Ciudad del Este y concluyó este jueves 27 de agosto por la noche, luego de largas deliberaciones. Durante el debate, los fiscales acusadores produjeron diversas pruebas documentales y testimoniales para acreditar la existencia de los hechos y demostrar la responsabilidad de los acusados. Tras valorar el cúmulo probatorio, el Tribunal de Sentencia, presidido por la magistrada Gloria Vera e integrado por los jueces Margarita Martínez y Diego Duarte, emitió por unanimidad el fallo condenatorio.

De acuerdo con los antecedentes, el atraco ocurrió el 23 de diciembre de 2024, entre las 01:24 y las 01:30, cuando los criminales irrumpieron en la residencia de Troes Canal y su familia, ubicada en el km 11 Acaray, fracción El Puente, de Ciudad del Este. Los asaltantes, armados con pistolas, actuaron con suma violencia y exigieron a las víctimas que entregaran todo el dinero que tenían en la vivienda.

Los delincuentes sustrajeron una mochila con 620 millones de guaraníes, otra con 70 millones de guaraníes y 2.000 reales, además de tres cajas plásticas azules que contenían monedas de 500 y 1.000 guaraníes y cuatro cartones con billetes de 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 guaraníes, totalizando 810 millones de guaraníes en efectivo. Asimismo, se llevaron un DVR del circuito cerrado de cámaras de seguridad de la vivienda y una mira telescópica marca Maverick. Tras cometer el atraco, los delincuentes se dieron a la fuga.

Mientras tanto, las víctimas radicaron la denuncia y manifestaron que al menos cuatro hombres ingresaron a la vivienda para consumar el millonario golpe. Señalaron que los asaltantes colocaron un inhibidor de señal de 14 antenas para evitar la grabación de su accionar. Además, dejaron en el lugar una varilla de hierro y un bolso negro y amarillo.

En el marco de la investigación del caso, la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron diversos actos investigativos que derivaron en la detención de los autores, la recuperación de parte de los objetos sustraídos y la incautación de armas de fuego. Tras el proceso penal, el Ministerio Público llevó la causa a juicio oral y logró la condena de todos los acusados.

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Migraciones registra 3.000 procedimientos de seguridad migratoria hasta agosto

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En los primeros ocho meses del 2026, la Dirección Nacional de Migraciones concretó 3.080 procedimientos de seguridad migratoria en los principales puestos fronterizos y aeroportuarios del territorio nacional, operativos en el marco de reforzar la seguridad tanto en las entradas como en las salidas de nuestro país mediante la verificación de personas, la revisión documental y la cooperación activa con organismos de seguridad nacionales e internacionales.

Del total, se concentra mayormente entre impedimentos de salida e inadmisiones, representando casi el 91% de lo generado entre enero y agosto. El primero, contabilizó 1.642, por falta de documentos de viaje requeridos en 1.271 casos, carencia de autorización para el viaje de menores en 217 oportunidades, mientras que el resto se completa con prohibición judicial de salida del país (132), orden de captura (18), 3 personas por requerimiento de otro organismo de seguridad (Interpol) y una persona detenida por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Por el lado de inadmisiones, contabilizaron 1.141 de ingreso a ciudadanos extranjeros, cifra que la encabezó Venezuela (379), seguido de Brasil (251) y Argentina (192). Colombia (78), República Popular China (59), Cuba (33), Líbano (28), Bolivia (18), Perú (15), República Dominicana (9), Turquía (9), Ecuador (5), Guatemala (4), Bangladesh (3), Haití (3), Panamá (3), Laos (3), Serbia (3), Siria (3) y Túnez (3).

Se registraron casos de Angola, Guyana, Hong Kong, Mozambique, Namibia, Pakistán, Rusia, Taiwán, Uruguay y Vietnam (2 cada uno), así como de Albania, Armenia, Cabo Verde, Canadá, Chile, Estados Unidos, Egipto, El Salvador, Eritrea, España, Francia, India, Israel, Marruecos, México, Nigeria, Omán, Senegal, Sri Lanka y Togo (1 cada uno).

Expulsiones, entregas y extradiciones en cifras

Además, un total de 177 personas fueron expulsadas del país, 110 por vía administrativa y 67 por la vía judicial, lista que la encabeza Brasil con 135 casos, seguidos por colombianos, argentinos y ciudadanos de otros países. El informe se completa con 88 procedimientos de entrega a fuerzas de seguridad, que en 62 casos involucra a ciudadanos paraguayos, y luego a Argentina, Brasil, Bolivia, México, Canadá, Colombia, Corea, España, Perú, República Dominicana y Ucrania.

En el mismo aspecto, se efectuaron 32 trámites de extradición, los cuales incluyeron a 23 ciudadanos paraguayos enviados a la Argentina (16) o retornados desde Brasil (5) y Argentina (2). El resto correspondió a extranjeros extraditados a sus países de origen o a terceros Estados: argentinos hacia Argentina (2) y Brasil (1); brasileros hacia su país (2) o desde allí (1); además de un español, un peruano y un boliviano remitidos a sus respectivas naciones.

Controles detectan antecedentes y documentación falsa

Entre las intervenciones destacadas del mes de agosto, la institución concretó la inadmisión de un ciudadano estadounidense en el Puesto de Control Migratorio de Infante Rivarola, tras detectar antecedentes delictivos en su país de origen mediante una verificación secundaria. En el puesto de Puerto Falcón se ejecutó la expulsión de un ciudadano búlgaro que intentaba tramitar su residencia con documentación falsa; el intercambio de información confirmó que el extranjero contaba con una orden de detención en Argentina y una alerta roja de Interpol requerida por Bélgica.

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Capturan a «macumbero» involucrado en abuso sexual de niños

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Un operativo coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía permitió la detención de un hombre que se encontraba prófugo de la justicia, imputado en una causa por supuestos hechos punibles contra niños y adolescentes.

El procedimiento se ejecutó a las 05:40 horas de este viernes en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este. Estuvo a cargo de personal del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional, en acompañamiento a una comitiva fiscal-policial liderada por los agentes fiscales Abg. Vivian Andrea Coronel y Abg. Luis Alberto Trinidad Colmán.

La intervención se dio en cumplimiento al Mandamiento de Allanamiento A.I. N.º 1962, dictado para dos inmuebles en forma simultánea dentro de la Causa N.º 10.249/2025.

Durante el registro del primer objetivo fue detenido Ramón Silguero Traversi, paraguayo, soltero, de 30 años de edad, quien poseía una orden de captura pendiente por Abuso Sexual en Niños y Actos Sexuales en Menores. El sujeto permanecía prófugo.

Traversi es referente de la secta religiosa “Umbanda”, en su vivienda se hallaron evidencias con relación a su inclinación religiosa.

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Víctima teme que den prisión domiciliaria a policía garrotero

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Rosa Margarita Iglesia, quien fue víctima de agresiones por parte de suboficial Osvaldo Daniel Ortega, jefe del Puesto Policial Nº 11 del barrio Santa Ana de Ciudad del Este, teme que el mismo sea favorecido con prisión domiciliaria.

La mujer fue en varias ocasiones víctima de violencia, y teme que la justicia le favorezca con una medida sustitutiva a la prisión.

“Mi mayor miedo es que le den prisión domiciliaria, él vive a metros de mi casa”, indica la víctima.

La causa está a cargo de la fiscal Susa Vega, de la Unidad Especializada de Lucha contra la violencia familiar.

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