La agente fiscal Hermenegilda Cubilla imputó a cinco exdirectivos de la Cooperativa Mimbi Limitada de Minga Guazú por la supuesta comisión del hecho punible de Lesión de Confianza. Ellos son Simeón Montiel Leguizamón (presidente), César Eudes Mereles  Portillo (vicepresidente), Cristian René Ruiz Díaz (secretario), Mariana Ayala Jacquet (tesorera) y Héctor Emilio Ibarra Céspedes (presidente de la Junta de Vigilancia).

Refieren los datos, que el año 2015, las entonces autoridades aprobaron la construcción de dos piscinas privadas dentro del predio del complejo de la cooperativa, por un monto total de 1.020.800.000. Para el efecto, entregaron la suma de 408.320.000 guaraníes a la empresa JJ Construcciones para el inicio de las obras.

Sin embargo, los miembros del Consejo Administrativo de la cooperativa (designados el 21 de diciembre de 2015) y la firma JJ Construcciones decidieron rescindir el contrato de mutuo acuerdo. Los directivos de la institución reconocieron la devolución de materiales (filtros, armados de hierro, motobombas y otros) por 200 millones de guaraníes de parte de empresa en cuestión.

Asimismo, recibió un documento de contrato de crédito, entre JJ Construcciones y la empresa Dino Materiales de Construcciones, donde consta un compromiso comercial de provisiones de materiales de construcción por una suma de 200 millones de guaraníes, que cede y trasfiere a favor de la cooperativa.

En fecha 18 de febrero del 2016, se presentó el ingeniero Artemio Alfonzo Ortiz, representante y administrador de Dino Materiales de Construcciones, a los efectos de devolver a la cooperativa el cheque número 9171855 del Banco Itau por valor de 200 millones de guaraníes, con fecha de pago diferido de 90 días, el cual fue cobrado por la institución, sin nada que reclamar.

Luego, el 26 de febrero del 2016, la cooperativa realizó un acta de inventario de los materiales proveídos  por JJ Construcciones, donde consta que fueron recepcionados materiales por valor de 208.129.500, según consta en el acta de inventario.

Posteriormente, el 11 de diciembre de 2018, los nuevos directivos de la cooperativa Mimbi ordenaron la realización de una tasación de los materiales recepcionados. La tasación total de los bienes inventariados y avaluados asciende solamente a la suma de 106.699.158 y no 208.129.500 como consta en el acta de inventario.

A raíz de esta situación, el 29 de noviembre de 2019, la Cooperativa Mimbi denunció el hecho ante el Ministerio Público e informó el grave perjuicio patrimonial a la institución y a sus socios, que asciende a 101.430.342, monto que hasta la fecha no fue restituido. En prosecución de la investigación del hecho, un perito del laboratorio forense del Ministerio Público confirmó el faltante de la existencia de la diferencia patrimonial en los bienes de la cooperativa en 101.430.342.

Este informe y otros elementos sirvieron a la fiscal Hermenegilda Cubilla para presentar la imputación contra las cinco personas. Igualmente, la representante del Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los encausados.