Y el pago del 30% del monto total de la licitación amañada el año pasado para favorecer a una empresa amiga del torturador Gabriáguez, ya se hizo el 19 de diciembre del año pasado, días antes de la Navidad. El monto total es de G. 990.000.000 –novecientos noventa millones- y ya vencieron todos los plazos para que se ejecute el proyecto.

El intendente Rubén Rojas había adjudicado esta licitación a la empresa EOS SRL, representada por Paola Ovejero Romero, pero en realidad estaría siendo gerenciada por un brasileño allegado al dueño de la radio de Hernandarias, el torturador stronista Ángel Gabriáguez Torales.

El contrato fue firmado el 11 de diciembre, el primer desembolso se hizo el 19 del mismo mes, y el plazo para su instalación fue de 90 días, o sea, el 19 de marzo. Sin embargo, hasta ahora ni siquiera una medición hicieron los responsables de la supuesta empresa, y este fue uno de los motivos del rechazo de la ejecución presupuestaria del intendente Rubén Rojas en la Junta Municipal.

De hecho, los concejales habían aprobado el contrato con la citada empresa, pero el intendente nunca lo envió para su homologación, y hasta niega a los concejales hasta ahora una copia de ese contrato. En el portal de Contrataciones Públicas tampoco está.

De acuerdo a las explicaciones de algunos concejales, y de muchos políticos hernandarienses que proporcionan informaciones tras el inicio de una serie de publicaciones por parte de Radio Concierto, de la existencia de una especie de ‘asociación criminal’ entre el jefe comunal y el ex torturador stronista Gabriáguez, este es apenas uno de ellos.

DENUNCIAS EN LA FISCALÍA

Varias son las denuncias presentadas ante el Ministerio Público hasta ahora por los concejales de Hernandarias contra el intendente Rubén Rojas, pero TODAS van a parar en la unidad de ALFREDO ACOSTA HEYN, y NINGUNA DE ELLAS ES DILIGENCIADA. Este fiscal así se ha convertido en el mayor protector de las ‘tragadas’ del jefe comunal, y por alcance, del ex torturador Gabriáguez.

Por ejemplo, los legisladores denunciaron a Rubén Rojas por pagar con el dinero municipal a planilleros que en realidad prestan servicios en la radio del torturador Gabriáguez, y también por pagar salarios con dinero público a presidentes de comisiones, tal como lo hacía el clan Zacarías en Ciudad del Este. Esta denuncia jamás fue diligenciada.

En otro caso, que también vincula al intendente Rojas con el ex torturador del régimen stronista, el concejal Wilson Ayala, de la ANR, denunció la venta fraudulenta de una propiedad de Itaipú, por parte del intendente a la hija de Gabriáguez. Esta resolución había sido revocada por el mismo jefe comunal, quien ordenó la devolución del dinero a la beneficiaria. También el caso obra en la unidad de Acosta Heyn, pero no es diligenciada.

La ejecución presupuestaria de Rubén Rojas había sido rechazada hace un par de meses, y los motivos fueron llevados a la propia Fiscalía Anticorrupción en Asunción por parte de los concejales. Sin embargo desde la capital remitieron el caso a la unidad de Acosta Heyn, donde duerme ‘el sueño de los justos’. A veces pareciera que la asociación criminal que mencionan algunos concejales, es entre tres, y no solamente dos.