El Ministerio Público formuló acusación en contra de Rafael Esquivel (45), “alias Mbururú”, y Emiliano Elvio Marecos Pimentel (25), sindicados de ser los cabecillas del atropello a la exmansión del fallecido Gral. Alfredo Stroessner. El primero de ellos soporta cargos por los supuestos hechos punibles de Invasión de Inmueble Ajeno, Perturbación de la Paz Pública e Incitación a Cometer Hechos Punibles. Mientras, el segundo está acusado por Invasión de Inmueble. La propiedad actualmente pertenece a Surinmobiliaria S.A., según los documentos que obran en la carpeta fiscal.

La acusación fue presentada por los agentes fiscales Alcides Giménez, Carolina Gadea y Edgar Torales, quienes conforman un equipo de trabajo. Los representantes del Ministerio Público solicitaron la elevación de la causa a Juicio Oral y Público. La causa se tramita en el Juzgado Penal de Garantías N° 5, a cargo de la magistrada Cinthia Garcete.  

Según los antecedentes, el 24 de agosto del 2019, a las 10:30 aproximadamente, Rafael Esquivel habría transmitido en vivo a través de la red social Faceboock, «Mbururú Tv On Line», su ingreso por el portón principal a los lotes 29, 30, 31 y 32, Manzana B, Finca Nº 897, situado en el kilómetro 4 de la supercarretera, lindante con el río Acaray, de Ciudad del Este.

Dicha propiedad está registrada en la Dirección General de Registros Públicos a nombre de la firma Surinmobiliaria S.A., más conocida por los pobladores de la zona como la mansión del extinto dictador Alfredo Stroessner. El inmueble fue transferido a la referida empresa por Gustavo Alfredo Stroessner, el 1 de noviembre de 1995, según escritura pública, y se encuentra con el impuesto inmobiliario pagado hasta el 2018, según la acusación fiscal.

En aquella oportunidad, Esquivel habría invitado públicamente a sus seguidores de la red social a la invasión de las tierras ajenas.  Luego, el 25 de agosto, cerca de las 13:30, Esquivel presuntamente consumó la invasión con unas 100 personas aproximadamente, que portaban supuestamente machetes, foisas y toldos, al ingresar al lugar de forma violenta. Los mismos habrían derribado el portón principal de hierro, insultaron y agredieron al encargado de seguridad, Ever González, a quien incluso le despojaron de su teléfono celular cuando intentó filmar el supuesto atropello, refiere otra parte del escrito fiscal.

A raíz del atropello, el 28 de agosto, el fiscal adjunto de Alto Paraná, Edgar Augusto Moreno, por resolución número 474, de esa misma fecha, conformó el equipo de trabajo para la investigación de varias causas penales sobre Invasión de Inmueble Ajeno y designó a los fiscales Alcides Giménez, Carolina Gadea y Edgar Torales para el efecto.

Los citados agentes fiscales inmediatamente se constituyeron con un contingente policial hasta los lotes mencionados. En el lugar fueron recibidos por numerosos ocupantes, a quienes explicaron el motivo de la constitución y sus alcances. Tras un breve recorrido, los intervinientes corroboraron la presencia en el lugar de unos 300 supuestos invasores, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, quienes tenían en su poder machetes, palos, azadas y levantaron campamentos en diversas zonas de la propiedad.

También se constató la destrucción parcial de la edificación principal del inmueble.  Al costado estaban estacionados varios biciclos, motocarros y automóviles. En la ocasión, los responsables de la intervención pudieron identificar a algunos de los ocupantes, entre ellos a los hoy acusados.

Asimismo, en fecha 6 de setiembre del 2019, estos 300 supuestos invasores, encabezado por Rafael Esquivel salieron a la calle y cerraron la supercarretera por varios minutos, con barreras y cubiertas que incendiaron en la calle, ante los rumores de un supuesto desalojo, generando un atascamiento de vehículos. Luego, los mismos repitieron varias veces el cierre de ruta. 

Previos a aquellos sucesos, por A.I. Nº 709, de fecha 5 de setiembre de 2019, la juez de primera instancia en lo Civil y Comercial del tercer turno, Victoriana Cáceres Duarte, ordenó la restitución del inmueble a su propietario.

“De los actos de investigación realizados y los informes policiales, surgen elementos de convicción que dan plena certeza que los acusados tuvieron participación en los hechos punibles que se les atribuyen”, resalta la acusación de los agentes fiscales.