En una actitud totalmente desmedida y hostil, con la clara intención de amedrentar preanunciando una probable condena, la juez penal de Liquidación y Sentencias Flavia Lorena Recalde Silva, remitió una andanada de notificaciones al director de Radio Concierto, el periodista Héctor Guerín.
Es en el marco de la querella por difamación y calumnia, promovida por el ladrón intendente de Minga Guazú, Digno Caballero (ANR), al ser publicadas en nuestro medio, varias denuncias de sus robos y otros hechos irregulares de su gestión, realizadas por cuatro concejales de la oposición.
La citada magistrada, en medio de un tendal de expedientes penales que esperan fechas para juicio oral “pero no hay”, fijó para el 11 de diciembre el juicio oral, probablemente por orden de sus patrones del clan Zacarías, con quienes existen fuertes conexiones políticas y familiares, de acuerdo a los datos recogidos por periodistas de Radio Concierto.
Por ejemplo, Flavia Lorena Recalde exige a Héctor Guerín a que revele quienes fueron los periodistas que redactaron las informaciones publicadas por nuestro medio, citando las fechas de las mismas, y que son mencionadas en la querella.
En otro oficio, requiere al director de Concierto a que remita al tribunal unipersonal (ella), todas las publicaciones radiales, en la web y las páginas de redes sociales de nuestro medio, respecto al intendente ladrón, con las cuales embreta al querellado a producir pruebas en su contra, algo vedado por la mismísima Constitución Nacional.
No contenta con esta “demostración de poder”, la jueza remitió estas notificaciones al local de la emisora a través de un despachante de aduanas, y no por un ujier del Poder Judicial, demostrando su urgencia por la producción de pruebas y la realización del juicio oral en la fecha mencionada.
Si bien la acción promovida por el ladrón intendente de Minga Guazú está enmarcada dentro de sus derechos al intentar demostrar su inocencia (la carga de la prueba la tiene él), no se puede dejar de advertir la actitud hostil de la jueza Flavia Lorena Recalde para acelerar la realización del juicio, y querer obligar al querellado a producir pruebas en su contra, revelando incluso los nombres de los redactores de las informaciones publicadas.
