Un hombre falleció tras ser chocado por camión de gran porte. Sucedió sobre un camino de tierra que une la ciudad de Mbaracayu con la Colonia Tapé Porã, a 3 kilómetros del casco urbano de Itakyry al norte del Alto Paraná.

La víctima resultó ser ONOFRE PEREIRA PORTILLO, de de 54 años, domiciliado en la Colonia GLEBA 10, Distrito de Mbaracayu.

Estuvieran involucrados el camión de la marca Scania, modelo 113, color azul, chapa BHT693 Py, guiado por Diego Esteban Frutos Acosta (27), domiciliado en el km 26 de la ciudad de Minga Guazú, y la motocicleta marca Leopard, color negro, 150 cc, sin chapa, guiado por la victima fatal.

Según manifestaciones del conductor del camión, la motocicleta estaba circulando en su frente a 6 metros aproximadamente con dirección a Cruce Itakyry y a raíz de la tierra resbaladiza, se cayó el motociclista en dónde el conductor del tractocamión no tuvo posibilidad de frenar ni de evitar chocar al motociclista y a raíz del impacto se produjo su deceso en el momento.

El hecho se comunicó a la Fiscalía para el procedimiento de rigor.

La Cámara de Senadores sancionó, en su sesión extraordinaria del miércoles, el proyecto de Ley ‘Que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control’. El documento se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La implementación del monitoreo electrónico que implica esta ley corresponderá al Ministerio del Interior, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Defensa Pública.

Según la ley aprobada, el Ministerio del Interior tendrá la potestad de reglamentar, contratar y habilitar los servicios necesarios para el cumplimento de la Ley con el apoyo de una oficina de control interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien proveerá las partidas presupuestarias necesarias.

En ese sentido, se indica que el beneficiario con el uso de las tobilleras electrónicas debe contar con solvencia económica para la utilización del servicio, salvo se acredite su insolvencia por declaración jurada.

Así también, se establece que para que el beneficiario pueda acogerse al régimen de control debe disponer de una línea telefónica que permita el control permanente.

La medida puede revocarse por el juez que la dictó cuando el beneficiario incumpla las reglas previstas y no podrá volver a ser beneficiado con la misma medida de vigilancia en la misma causa.

El fiscal Manuel Rojas Rodríguez presentó imputación contra tres hombres que fueron detenidos con más de 2.000 kilos de marihuana prensada durante un allanamiento realizado este martes por la noche en la capital del Alto Paraná y a la vez requirió la prisión preventiva de todos ellos.

Los presuntos narcotraficantes están identificados como Francisco Javier Martínez González (54), Kebin Gabriel Fernández Britos (20) y Blas Antonio Fernández Britos (44), quienes enfrentan cargos por los hechos punibles de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes y se encuentran privados de libertad, a cargo de la Justicia.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Jardín del Este del kilómetro 8 Acaray de Ciudad del Este, a las 20:00 horas aproximadamente, y estuvo encabezado por el fiscal Rojas Rodríguez, quien contó con el acompañamiento de agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

Durante el operativo, los intervinientes incautaron 2.076,800 kilogramos de marihuana prensada, distribuidos en 744 panes y 45 paquetes grandes. Asimismo, se requisaron un aparato celular y varios documentos, apareciendo los citados ciudadanos como los presuntos responsables de las sustancias incautadas, que estarían destinadas para su distribución y comercialización en la triple frontera.

Tanto los detenidos como el cargamento de drogas fueron remitidos hasta la base de la SENAD Regional, a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.

Basándose en los elementos de sospecha, el representante del Ministerio Público resolvió imputar a los tres hombres y solicitó al Juzgado la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar a fin de garantizar la sujeción de los imputados al proceso.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico solicitó tres meses de plazo para la conclusión de la investigación y la presentación del requerimiento conclusivo.